El Tribunal Europeo respalda el derecho al olvido en Internet

A.M.A. vela por el prestigio de los profesionales sanitarios con el Servicio de Protección de la Vida Digital

La sentencia histórica a favor del “derecho al olvido” que golpeaba a Google hace sólo unas semanas, ha abierto el debate acerca de la regulación en Internet. Según la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada a petición de la Audiencia Nacional española, Google o cualquier otro buscador está obligado a eliminar de la lista de resultados obtenida tras una búsqueda realizada a partir del nombre de una persona, los enlaces a páginas publicados por terceros que contengan información relativa a esa persona si ésta lo solicita.

Derecho al olvido en Internet

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) defiende que el derecho al olvido incluye limitar la difusión de información de datos personas, incluso cuando la publicación original sea legítima. “La difusión universal e ilimitada de información que ya no tiene relevancia ni interés público a través de los buscadores causa una lesión a los derechos de las personas”, apuntan.

En ese sentido, las personas tendrán derecho a solicitar directamente del motor de búsqueda, que deberá entonces examinar debidamente si son fundadas, “la eliminación de referencias que les afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho editor haya solicitado su desindexación”.

Esta sentencia supone un paso importante para abrir a los usuarios la posibilidad de borrar sus datos personales en Internet. Una solución que A.M.A. viene ofreciendo gratuitamente a sus mutualistas como parte de sus servicios de Asistencia Informática: el Servicio de Protección de la Vida Digital.

El derecho a desaparecer de Internet y los ataques a la privacidad relacionados con las redes sociales explican la necesidad de prestar un servicio que ayude a nuestros mutualistas a cancelar, bajo su voluntad, la información personal que de ellos aparezca en Internet. Porque si las críticas negativas publicadas en páginas web o redes sociales pueden resultar equívocas, molestas y hasta perjudiciales para cualquiera, el riesgo se multiplica en el caso de profesionales sanitarios, cuya imagen pública resulta tan importante como vulnerable ante posibles distorsiones en la red.

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